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Pensionistas de incapacidad permanente y discapacidad

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Las personas perceptoras de pensiones de incapacidad permanente no tienen la consideración automática de persona con discapacidad en todos los ámbitos.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 12 de mayo de 2020 [recud 243/2018]).

 

El Tribunal Supremo, mediante su sentencia de 12 de mayo de 2020 ha confirmado el criterio ya apuntado en cuatro sentencias anteriores sobre la negativa a reconocer de modo automático como personas con discapacidad a las personas perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente –pagadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS)– en cualquiera de sus grados: total, absoluta o gran invalidez.

 

Como antecedente, cabe ressaltar que el artículo 4 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada mediante el Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en adelante LGDPD) estableció que por un lado, tendrían la consideración de persona con discapacidad aquellas que alcanzasen el 33 por 100 de nivel de menoscabo en aplicación de lo previsto en el baremo regulado en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Se trata de la vía general de acceso a la condición de persona con discapacidad que se solicita ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas. Esta vía no es objeto de discusion por parte del Tribunal Supremo y por lo tanto sigue siendo el camino ordinario para acceder a la consideración de persona con discapacidad.

 

Ahora bien, la LGDPD de 2013 añadió que tambén tendrían la consideración de personas con discapacidad, a todos los efectos, las personas a las que se les reconociese una pensión de incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez. De este modo, la LGDPD simplificaba la cuestión y establecía de modo generalizado un criterio de acceso a la condición de persona con discapacidad que ya se preveia en una de las Leyes de discapacidad anteriores al texto de 2013: la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con discapacidad (LIONDAU) que fue absorbida y substituïda por la LGDPD, junto con la vieja LISMI de 1982.

 

Obsérvese que con el planteamiento de la LGDPD, todas las personas beneficiarias de pensiones contributivas de Seguridad Social serían consideradas automáticamente personas con discapacidad, sin necesidad de llevar a cabo trámite alguno y todo ello aunque no alcanzasen el grado del 33 por 100 de discapacidad, en aplicación del baremo previsto en el RD 1971/1999. Esto ha dado lugar a que en ocasiones, personas con escasas limitaciones, tengan la consideración de persona con discapacidad.

 

Con sus sentencias, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha cuestionado formalmente que esa operación simplificadora o armonizadora se pudiese llevar a cabo a través de la Ley de 2013, un texto refundido con rango de Ley que elaboró el Consejo de Ministros en base a una habilitación de las Cortes Generales basada en el artículo 82.5 de la Constitución Española. Simplificando, el Tribunal Supremo entiende que el Consejo de Ministros no tenía la capacidad para crear ese concepto amplio y flexible de persona con discapacidad, razón por la que ese articulo no debe aplicarse en el terreno laboral, aunque hay algunas excepciones.

 

Eso comporta que hoy en día las personas perceptoras de pensiones de incapacidad permanente no tienen el carácter de persona con discapacidad para que las empresas que las contraten cumplan con la cuota de reserva de empleo en la empresa privada (que es del 2 por 100 enj empresas a partir de 50 trabajadores). Asimismo, tampoco podrían ser consideradas personas con discapacidad a los efectos de su contratacion en Centros Especiales de Empleo (talleres protegidos). Por lo tanto, esas personas no pueden computarse para que las plantillas de los talleres alcalcen el requisito legal de acreditar un mínimo del 70 por 100 de trabajadores con discapacidad; ni daran derecho a los Centros a las generosas subvenciones por contratación de personas con discapacidad, del 50 por 100 del salario mínimo interprofessional.

 

Concluyendo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de relieve dos cuestiones importantes. La primera, que sin duda la LGDPD debería de haberse aprobado en las Cortes Generales, no por el Consejo de Ministros a partir de una delegación legislativa, una operación que ni era necesaria ni se explico razonablemente en su día.

 

La segunda cuestión, que en realidad es la base fundamentadora de las sentencias del Tribunal Supremo, subraya que no siempre una persona reconocida en situación de incapacidad permanente está afectada de un apreciable grado de discapacidad, de manera que la equiparación automática de la una a la otra puede ser discutible.

 

Ciertamente, es esta una cuestión de notable complejidad que –insisto—debería ser objeto de debate parlamentario en las Cortes Generales a fin de tomar alguna de estas dos opciones: a] reactivar el planteamiento inicial de la LGDPD y bendecir una noción amplia de discapacidad que incluya automáticamente a las personas perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente , o b] confirmar el criterio marcado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A saber, si alguien quiere disponer de la condición de persona con discapacidad a todos los efectos laborales, deberá obtener un 33 por 100 en aplicación del baremo regulado por el RD 1979/1999.

 

Ricardo Esteban Legarreta. Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. CERSIN-UAB.

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